La experiencia internacional en el control del consumo de sustancias psicoactivas

15 p.Como se vio anteriormente, a finales del año 2009 el Congreso de la República realizó los debates reglamentarios para aprobar una reforma constitucional que prohibió el porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas y estableció medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. Aparte de los perjuicios y molestias que implica la toxicomanía para la sociedad en su conjunto, incluyendo la carga que esta representa para los sistemas de salud y seguridad social, quien haya conocido de primera mano el sufrimiento y dolor de familias afectadas por uno o varios consumidores problemáticos tanto de drogas ilícitas como de alcohol, comprende y comparte por completo esta intención manifiesta que se impone el Estado mediante la nueva disposición constitucional. No cabe duda, además, que esta representa un avance en la medida en la cual reconoce que los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas serán mejor atendidos por medio de dispositivos administrativos que garanticen acceso a tratamientos profilácticos y terapéuticos, que a través del sistema penal como ocurre hasta el presente.La experiencia en el control y reducción de consumo de drogas en Colombia Trastornos relacionados con sustancias psicoactivas Tendencias recientes en el tratamiento y manejo de trastornos relacionados con sustancia

¿Es posible un sistema democrático de control de constitucionalidad en Colombia?

La denominada peligrosidad del consumidor hizo parte de las unidades de análisis de la Sentencia C–221 de 1994. Esta provino de un juicio social en Colombia, derivado de una mal llamada moralidad convencional, en la que, de manera mayoritaria, los sectores sociales de tendencia conservadora consideraron que el consumidor era un potencial criminal, puesto que, bajo los efectos de sustancias estupefacientes, este carecía de control. En contraposición a ello, la minoría consumidora reclamó al Estado no ser tildada bajo el rótulo de criminal, puesto que la acción que ejercían no causaba daño a nadie. Siendo así, esto constituyó, para la Corte Constitucional, un problema democrático cuyo punto de partida fue un desacuerdo.1a edició

Análisis de la adjudicación del préstamo al grupo Nule por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes en el año 2006

El objetivo de este trabajo de grado es analizar la legalidad del préstamo al Grupo Empresarial Nule por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes, es decir, si la adjudicación de dicho crédito se hizo dentro del marco legal de la entidad. Se hace con el fin de generar claridad para nosotros como estudiantes y futuros contadores públicos; retroalimentar a nuestros colegas y ciudadanía en general sobre el producto de esta investigación enfocada en el área de la auditoria forense. La investigación desarrollada es de tipo cuantitativo ya que se tienen unos objetivos claramente definidos. De igual forma se hizo un estudio de caso por referirse a un hecho específico.El presente trabajo, desarrolla el tema aclarando que dicha adjudicación de recursos por parte de la dirección nacional de estupefacientes al Grupo Empresarial Nule, presenta fallas de tipo legal por los vacíos que presento en las diferentes leyes expuestas. Se considera que dicha fallas vician el contrato suscrito y reflejan riesgo inminente de perdida de recursos públicos, con los cuales perfectamente se podrían reparar los daños causados a la población vulnerable victima de las actividades del narcotráficoPregrad

La junta internacional de fiscalización de estupefacientes y la eficacia de la política antidrogas: el caso colombiano

19 p.En 1961, con el fin de establecer mecanismos de control en la lucha contra las drogas, se unificaron nueve convenios internacionales -vigentes en ese momento- para la fiscalización de la fabricación, porte, consumo y tráfico de estupefacientes. El resultado fue la Convención Única sobre Estupefacientes de ese año, de la cual se derivó, en 1968, el establecimiento de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en adelante JIFE. Posteriormente, la convención única fue enmendada por el Protocolo del 25 de marzo de 1972, celebrado en Ginebra, y, finalmente, el Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. La convención de 1961 estableció tres listas que definen y clasifican las sustancias controladas que los Estados Miembros deben observar para hacer efectivas las disposiciones formuladas y, cuya fiscalización, es responsabilidad de la Comisión de Estupefacientes a través de la JIFE.Política antidrogas en Colombia: la flexibilización como alternativa La economía de la lucha contra las drogas Perspectivas futura

Administración y contabilización de los bienes incautados en Colombia

71 páginas : ilustraciones, gráficos.En Colombia existe una problemática muy marcada la cual va relacionada con la administración y la manera de registrar los bienes incautados en Colombia, infortunadamente el control ejercido sobre la Dirección Nacional de Estupefacientes no es el más adecuado y permite tener muchos vicios sobre la forma y el resultado que se da en el proceso que surte desde la incautación hasta la enajenación de los bienes incautados. De esta manera surge la inquietud acerca de los factores que inciden sobre la administración y registro de los bienes incautados en Colombia y como desde la Ley 785 de 2002, se define el derrotero a seguir, a través de todo el proceso realizado por la Dirección Nacional de Estupefacientes, apoyado por el Decreto 1461 del 2000 (Decreto 1461, 2000), por el cual se define el sistema de administración y enajenación de los bienes incautados en Colombia. (Ley 785, 2002)ln Colombia there is a very specific problem for the registration of assets seized in Colombia, unfortunately the control exercised over Direccion Nacional de Estupefacientes is not the most appropriate and allows many errors about the form and result that occurs in the process that It occurs from the seizure to the alienation of the seized assets. Thus, the concern about the factors that affect the administration and registration of assets seized in Colombia and Law 785 of 2002, the course to be followed is defined, through the entire process carried out by the Direccion National de Estupefacientes, supported by Decree 1461 of 2000, by which the system of administration and alienation of assets seized in Colombia. (Law 785, 2002)Contador PúblicoPregrad

La política antidrogas: nuevos horizontes de cambio en el control de la oferta y la demanda

96 p.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1994) una sustancia o droga psicoactiva es aquella que, al ingerirse, afecta procesos mentales, como la cognición o la memoria. El término es asemejado generalmente con el de psicotrópico y ambas expresiones refieren al grupo de sustancias, legales e ilegales, de interés para la política en materia de drogas. En general, la literatura refiere con el término psicotrópico, a medicamentos utilizados principalmente en el tratamiento de los trastornos mentales, como los ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, anti maníacos y neurolépticos. Bajo la categoría de sustancias psicotrópicas se encuentran los estupefacientes, acepción utilizada para referirse a sustancias cuya acción sedante, analgésica, narcótica y euforizante puede conducir al acostumbramiento y a la toxicomanía, por lo cual tienen un elevado potencial de abuso y / o dependencia psíquica/física. Entre ellos, se cuentan los estimulantes -cocaína, cafeína, nicotina-, los alucinógenos -Peyote y Psilocybes, los opiáceos -morfina, heroína-, y los sedantes/hipnóticos -alcohol- (OMS, 1994).Prólogo Introducción Capítulo 1. El panorama global: evolución reciente del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas Capítulo 2. La junta internacional de fiscalización de estupefacientes y la eficacia de la política antidrogas: el caso colombiano Capítulo 3. Hacia nuevos horizontes del análisis de política antidrogas Conclusiones Bibliografí

El sistema internacional de fiscalización de drogas

24 p.La arquitectura institucional con la cual se gobierna hoy la fiscalización internacional de drogas en marco del Sistema de las Naciones Unidas, se desarrolló formalmente a partir de la creación de la ONU al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Muchos órganos fueron calcados de mecanismos de control del tráfico de drogas peligrosas establecidos en el contexto de la Liga de las Naciones, en el período entre las dos Guerras Mundiales. Es el caso, por ejemplo, del Comité Asesor sobre el Tráfico del Opio y otras Drogas Peligrosas, creado en 1920, precursor de la Comisión de Estupefacientes que actualmente funciona en el marco del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El Comité de Salud de la Liga, entre cuyas funciones estaba la de recomendar las plantas y derivados que deberían ser objeto de fiscalización internacional, es por su parte el antecesor inmediato de la Organización Mundial de la Salud.Antecedentes El Consejo Económico y Social y la Comisión de Estupefacientes La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes -JIFE- La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito -ONUDD- Tensión y parálisis del sistema La Sesión Especial de la Asamblea General de 1998 2008: el balance 10 años después Las líneas de fractura ¿Guerra contra las drogas o reducción del daño

Comercialización de drogas en la provincia de Buenos Aires : una reconstrucción del abordaje de la justicia provincial desde el 2005 al 2014

Este trabajo es una aproximación exploratoria al problema de la comercialización de drogas en la provincia de Buenos Aires a partir de la sanción de la ley de desfederalización de estupefacientes en el año 2005. A partir de dicha normativa la provincia comienza a tener injerencia judicial y también más directamente, policial, en los delitos vinculados a la comercialización y la tenencia de estupefacientes. En ese sentido intentaremos reconstruir, a partir de las estadísticas y de los trabajos realizados hasta el momento, la forma en la que impactó dicha reforma en el accionar de la justicia provincial y de la policía bonaerense. Esta ponencia está dividida en tres apartados, en un primer apartado realizamos un breve recorrido bibliográfico en relación a la constitución del paradigma prohibicionista y las políticas vinculadas a las drogas en la Argentina. En un segundo apartado damos cuenta de la legislación vigente en la Argentina hasta el momento. Y en el último apartado desarrollamos, de forma exploratoria, algunas consecuencias de la aplicación de la ley de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires en lo que refiere a la justicia provincial y también a la policía.Fil: Roca Pamich, María Belén. Universidad Nacional de La Plat

El sistema internacional de fiscalización de drogas: un estado de cosas para cambiar

El modelo de la política de “guerra contra las drogas” plantea el dilema de establecer si los daños asociados con sus estrategias represivas contribuyen a reducir el daño causado por las drogas o si, por el contrario, se suman para agravarlos. Una política equilibrada implica hallar un balance entre la protección de la salud pública frente a los daños representados por la toxicomanía y, por otra parte, el control de los perjuicios sociales relacionados con medidas represivas extremas. El objetivo debe ser el establecimiento de un sistema que efectivamente contribuya a proteger integralmente el bienestar de la persona y la sociedad a través de controles apropiados sobre sustancias potencialmente dañinas, y simultáneamente fijar límites claros para garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran en roles que deben ser controlados, como es el caso de consumidores, cultivadores y quienes dependen para su subsistencia del expendio de estas drogas.The model policy of “war on drugs” raises the question of establishing whether the harms associated with repressive strategies help to reduce the harm caused by drugs or if, conversely, are added together to aggravate. A balanced policy involves finding a balance between protecting public health from damage represented by drug and, moreover, control of the social damage associated with extreme repressive measures. The aim should be to establish a system that actually contribute to fully protect the welfare of the individual and society through appropriate controls on potentially harmful substances, and simultaneously set clear boundaries to ensure human rights of those in roles that must be controlled, such as consumers, growers and those who depend for their livelihood of dispensing of these drugs